En un contexto en el que los agentes y las relaciones cambian y se multiplican, en el que rige la diversidad de criterios en la consideración de la vida, el morir o de lo que cada persona considera bueno o éticamente permisible, la apelación a la propia conciencia se ha presentado como un recurso indiscriminado para solventar determinados conflictos. En el caso de los profesionales de la salud, el uso inapropiado de conceptos como el de objeción de conciencia desatiende las consecuencias que tiene la negativa a prestar un tratamiento. En el caso de las personas usuarias, es frecuente que sus convicciones reciban un reconocimiento limitado a la hora de tomar decisiones que atañen a su bienestar. A partir de estas premisas, se analizan las tensiones entre intereses, derechos y deberes de las partes implicadas, así como las relaciones de poder que se establecen entre quienes ostentan el conocimiento experto y quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. El análisis persigue identificar los problemas en los distintos niveles discursivos -de intereses, de derechos y deberes, y de relaciones de poder- para establecer posteriormente una serie de límites que condicionen el ejercicio de la libertad de conciencia para los profesionales de la salud. Con ello se aspira a ofrecer un marco ético-normativo que pudiera servir como referencia para la resolución de conflictos, basado en una noción de conciencia más relacional y menos individualista.